El presidente del Congreso paraguayo, Basilio "Bachi" Núñez, rechazó esta semana la propuesta surgida en la mesa de negociación con el sector médico de elevar impuestos —como el IRE— para financiar los reajustes salariales que reclama el personal de salud. Su argumento: subir la carga tributaria "a la ligera" desataría un círculo inflacionario que, en los hechos, termina pagando el ciudadano común, el trabajador y el pequeño empresario.
Hasta ahí, una postura razonable. El problema es preguntarse: ¿por qué el ajuste siempre tiene que salir del bolsillo de la gente, y nunca de los privilegios de quienes legislan?
El costo de sostener el Congreso
Mientras se discute cómo pagar los reclamos —más que justos— de médicos y personal de blanco que llevan semanas en huelga y movilizados frente al Ministerio de Economía, los números del propio Parlamento cuentan otra historia. Cada uno de los 125 parlamentarios paraguayos cobra hoy cerca de G. 38 millones mensuales entre dieta y gastos de representación, luego de un "autoaumento" del 15,6% aprobado con el aval del propio Poder Ejecutivo. Sostener al Congreso le cuesta al Estado más de G. 61.000 millones al año —unos 8 millones de dólares— solo en salarios de sus miembros, sin contar los cupos de combustible, el seguro médico y la reciente reforma de jubilaciones que les permite retirarse con años de aporte muy inferiores a los que se le exigen a cualquier trabajador formal.
Ese aumento, además, no pasó por un debate público ni una discusión abierta: se definió puertas adentro, "de un plumazo", como lo describieron en su momento distintos medios paraguayos, mientras el salario mínimo del resto de la población avanzaba apenas una fracción de esa cifra.
Ahí está la contradicción que no se puede pasar por alto: cuando se trata de pagarles más a los médicos que sostienen el sistema de salud pública, la respuesta oficial es que "no hay margen" y que subir impuestos sería contraproducente para la economía. Pero cuando se trata del propio sueldo de los legisladores, el ajuste aparece de forma casi automática, sin el mismo escrutinio ni la misma cautela fiscal que se les exige a los demás sectores.
Si la premisa es cuidar el bolsillo del contribuyente y evitar una espiral inflacionaria, esa misma lógica debería aplicarse puertas adentro del propio Congreso. Antes de resignarse a que la salida sea "no hay plata" para el sector médico, cabe preguntarse si no correspondería revisar primero los gastos de representación, los cupos de combustible y los privilegios jubilatorios de quienes toman esas decisiones. Bajar o congelar esos beneficios no resuelve por sí solo el déficit del sistema de salud, pero sí sería una señal política coherente: que el ajuste, si tiene que llegar, no empiece siempre por el mismo lado.
Es justo reconocer que el argumento de Núñez tiene un fundamento técnico real: subir impuestos al consumo o a la renta empresarial de manera apresurada puede, efectivamente, trasladarse a precios y golpear a los sectores más vulnerables, y la estabilidad tributaria es uno de los pocos activos que Paraguay exhibe frente a otros países de la región para atraer inversión. También es cierto que el gasto en dietas parlamentarias, aunque simbólicamente pesado, representa una fracción menor frente al déficit estructural que reclama el sector salud, por lo que recortar sueldos legislativos por sí solo no alcanzaría para cubrir el reajuste médico; haría falta además formalizar la economía informal y mejorar la calidad del gasto público, como plantean distintos analistas.La discusión de fondo, entonces, no debería ser solo "impuestos sí o impuestos no", sino de dónde sale la plata y quién predica con el ejemplo primero.
